miércoles, 20 de febrero de 2013.
Tomado de analitica.com
Por Sadio Garavini di Turno
Martes 19 de febrero de 2013.
El pasado domingo se cumplieron 47 años de ese 17 de febrero de 1966, en
el cual Venezuela, Gran Bretaña y Guayana Británica, que con la
independencia adquirió el nombre de Guyana*, firmaron el Acuerdo
de Ginebra. A partir de esa fecha, la reclamación venezolana sobre el
territorio Esequibo tiene como marco jurídico y político fundamental ese
tratado.
En el artículo I del mismo leemos: “Se establece una Comisión Mixta con
el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico
de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como
consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de
1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e
irrito.” Oficialmente, Venezuela y Guyana mantienen dos interpretaciones
mutuamente excluyentes del Acuerdo de Ginebra. Guyana sostiene que el
objeto del Acuerdo es, en primer lugar, establecer la validez de la
contención venezolana de que el Laudo es nulo e irrito. Se trataría, por
tanto de una disputa esencialmente jurídica y los posibles resultados
de la controversia así definida serían o el de la afirmación de la
validez del Laudo y con ello el cese de la reclamación venezolana y la
consiguiente consagración del “status quo” existente o el del
reconocimiento de la nulidad del Laudo y con ello la apertura de un
nuevo proceso de delimitación. Venezuela, por su parte, afirma que no
tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente
satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. Además una
“Comisión Mixta es una institución puramente política y difícilmente
podría esperarse de ella un dictamen jurídico, sobre todo siendo las
partes mismas los miembros de la Comisión. De ser jurídico su mandato
los Comisionados se verían en la insostenible posición de ser juez y
parte. Negociar la validez o nulidad de un Laudo, más aún en una
Comisión Mixta paritaria, es inconcebible. La razón jurídica no es
negociable: se tiene o no se tiene. Y difícilmente se confiaría a
negociadores diplomáticos la función de adjudicar derechos. Por lo
tanto, para Venezuela el Acuerdo pone de lado el fraudulento Laudo de
1899 y su objeto es el arreglo práctico de la controversia,
satisfactorio y aceptable para ambas partes.
Ahora bien, la reciente solicitud de Guyana de ampliar su plataforma
continental, presentada en septiembre del 2011, ante la Comisión de
Límites de la Convención de Derecho del Mar de la ONU, complica el
escenario porque afecta considerablemente nuestros derechos soberanos no
sólo en el territorio del Esequibo, sino en la fachada atlántica, que
proyecta tanto la Zona en Reclamación como el Estado Delta Amacuro. Una
Cancillería eficiente debería aprovechar esta coyuntura para inducir a
Guyana a negociar. La defensa eficiente de nuestros derechos e intereses
requiere el nombramiento de un funcionario a dedicación exclusiva, con
un pequeño equipo de apoyo, para que no sólo pueda negociar
bilateralmente con Guyana, en el marco del proceso de los “buenos
oficios” del Secretario General de la ONU, sino también hacer el
necesario “lobby” entre los miembros de la Comisión de Límites de la ONU
en Nueva York y con otros miembros influyentes de la comunidad
internacional interesados en el tema, empezando por los países de la
Comunidad del Caribe ( CARICOM). Recordemos a este respecto que la
Comisión de Límites anunció pasar el análisis de la solicitud de Guyana y
la posición contraria de Venezuela a una subcomisión, que todavía no ha
sido nombrada. Por eso es irresponsable y evidencia además la escasez
de personal profesional calificado en la Cancillería, que el Embajador
Roy Chaderton, diplomático de carrera formado en tiempos de la República
Civil , sea al mismo tiempo: “facilitador” por Venezuela en las
negociaciones con Guyana y, por tanto, encargado del seguimiento del
tema en la ONU, Embajador ante la OEA, representante de Venezuela en las
negociaciones de paz en Colombia, negociador con EEUU para el
mejoramiento de la relaciones diplomáticas con EEUU, además de diputado
al PARLATINO y miembro del Consejo de Estado. Por lo menos los tres
primeros cargos, deberían ser ejercidos por tres diferentes personas a
dedicación exclusiva.
El gobierno debería buscar un gran consenso nacional, a través de la
consulta y el diálogo con los diversos actores nacionales, para negociar
la solución satisfactoria y práctica de la controversia. Los
venezolanos, en general, deberían unirse en la defensa de la soberanía
nacional, no sólo en el Esequibo sino en la fachada atlántica del Delta
del Orinoco.
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