17 de noviembre 2013 - 00:01
El balance presente de las relaciones con Guyana recoge lo
característico de la política exterior desplegada por el gobierno
venezolano desde 1999: por lo hecho, lo dicho y dejado de decir. Esa
política ha proyectado las necesidades de consolidación de un régimen
cada vez más impresentable que, en nombre de la solidaridad y la unidad
regional, ha concentrado sus empeños y los recursos del país en
asegurarse aplausos, vencer recelos y, en suma, cerrarse a cualquier
asomo de escrutinio.La tergiversación de posiciones firme y
racionalmente sostenidas antes de 1999 en materias tan importantes como
energía, fronteras e integración, entre otros temas, se manifestó
crudamente desde 2004. Fue entonces cuando el presidente Chávez anunció
en Georgetown que la cuestión de límites quedaría fuera del marco de las
relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países. Era algo
más que un giro táctico. En 2007 el mismo Chávez descalificó la
reclamación al sostener que fue por presión del gobierno de Estados
Unidos que Venezuela reactivó ese diferendo limítrofe en 1962.El abandono del patrimonio diplomático acumulado en profesionales, acuerdos y vínculos internacionales se ha traducido en una diplomacia que perdió las formas y el respeto propios de una política de Estado. En 1966 el Acuerdo de Ginebra había recogido la disposición de Venezuela y Guyana, reafirmada veinte años después al adoptar la figura del buen oficiante, de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la reclamación, a la vez que facilitar la cooperación y el mutuo entendimiento sin por ello desconocer la reclamación pendiente. Nada más lejano a las supuestas pretensiones imperialistas sobre Guyana, vieja tesis del régimen cubano que, como otras posiciones y prácticas, han sido adoptadas de modo acrítico e inconsulto por el gobierno venezolano en los últimos quince años.
La confusión de los intereses de Estado con los de la irreversibilidad del régimen es otro rasgo general muy visible en las relaciones con Guyana. Para nadie fue nunca un secreto que fluidos vínculos con las islas del Caribe angloparlante eran de interés fundamental para Venezuela; tampoco se ignoraba que la reclamación ante Guyana, por sus vinculaciones con esas islas, debía tratarse con diplomática firmeza. En eso se había trabajado arduamente con los países caribeños, que se decían altamente sensibles a cualquier intento de influencia en sus decisiones y preferencias.
Los logros del gobierno se suelen medir en términos de respaldos políticos, como el que dio el Caribe para la postulación de Venezuela en 2006 a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, silla finalmente no lograda; o la participación de los socios de Petrocaribe y la Alianza Bolivariana en la Declaración de Caracas del 10 de enero de 2013 para convalidar la fórmula de provisionalidad de Nicolás Maduro y de no juramentación de Hugo Chávez. Pero hay otra medida, y no hacen falta correos de Snowden para constatarlo.
Desde la captura del Teknik Perdana en áreas de la fachada atlántica venezolana, la ofensiva diplomática y política de Guyana se ha convertido en evidencia de la naturaleza, la fragilidad y los riesgos de una política exterior que tantos recursos y oportunidades ha estado dispuesta a exponer a cambio de apoyos y silencios.
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