Opinion y Noticias / View Comments El Proyecto de Ley
Especial del Esequivo (sic), fue consignado en la Secretaría de la Asamblea
Nacional, en fecha 16/07/2015
Introducción
Atender el problema esequibano desde una perspectiva
académica y política, implica no sólo el cabal conocimiento que ha de suscitar
tan delicada y compleja materia, sino la preocupación y la posibilidad creadora
de hallar las respuestas más adecuadas. Las que necesariamente deben conjugarse
con un tratamiento responsable por parte de todas las instancias
institucionales, entre ellas Asamblea Nacional, cuya obligación fundamental es
la de oír a todos los sectores del país y, específicamente, no temer a los
aportes de la Academia.
Más allá de las meras circunstancias noticiosas, reconocemos
un problema capaz de provocar tensiones, perturbaciones o ruidos, reales o
artificiales, que ameritan para
superarlos del concurso organizado de la
ciudadanía y - sobre todo - de un enfoque que repare en el laberinto de las
dificultades que pueda generar al propio sistema político. Susceptibles de alcanzar una insospechada gravedad, remiten -
explícita e implícitamente - a determinadas convicciones sobre las demandas que
son o pueden hacerse extremadamente (in) sensibles, provocando no pocos riesgos
y peligros, según los recursos, las oportunidades y las
(in) decisiones adoptadas por las autoridades públicas.
Por ello, el planteamiento del Proyecto de Ley Especial del
estado Esequivo (sic) ha de
contextualizarse en una reclamación que ha sido y aún es, histórica y en las vicisitudes actuales,
sumado el debate escenificado por la Asamblea Nacional, las cuales enunciamos,
conscientes de las responsabilidades que nos competen. [1]
I.- Una básica correlación
Redundando en la historia consolidada de la reclamación del
Territorio Esequibo del cual fuimos objeto de un injusto despojo, requerimos de respuestas inscritas en una
Política de Estado , cuya formulación involucre e implique a todos los sectores
de la vida nacional, institucionalizando las coincidencias y las diferencias
antaño aceptadas y procesadas, en el marco de una mayor estabilidad del sistema
político, a pesar de las coyunturas difíciles que confrontó. Más allá del
tratamiento formal de la materia, no olvidemos a una población directamente
afectada, además de la memoria de ingratas experiencias.
a) Despojo e (in) estabilidad política
Consabido, Venezuela fue víctima de un despojo deliberado y
sistemático del territorio Esequibo por
Gran Bretaña, consagrado mediante el Laudo Arbitral de París de 1899,
anegado de abusos e irregularidades. Resulta importante acotar que la injusta
decisión afectó a un país económicamente débil, rehén de una continua
inestabilidad política e institucional retratada por incontables guerras y
escaramuzas civiles, dato éste que, a nuestro juicio, solemos olvidar a la luz
de una historiografía que suele solamente resaltar las arbitrariedades de las
grandes potencias del mundo, por entonces.
En 1949, Otto Schöenrich, en representación de Severo
Mallet-Prevost, uno de los defensores de Venezuela en el juicio arbitral,
reveló públicamente el contenido de un memorándum mediante el cual, denuncia la componenda de París. Poco antes y
mucho después, el dictamen no sólo propició el continuo y profundo estudio
jurídico del caso, sino también la sucesión de iniciativas parlamentarias y
gubernamentales que, a la postre, lo orientaron hacia una Política de Estado :
enunciemos, pronunciamientos del
Congreso venezolano, 1944; denuncia ante la XIX Conferencia Interamericana de
Bogotá, 1948; reafirmación de nuestras aspiraciones ante la IV Reunión de Consulta de los Ministros de
Relaciones Exteriores en Washington, 1951; ratificación en la X Conferencia
Interamericana de Caracas, 1954; posición de una delegación parlamentaria en su
visita a Londres, 1960; distintos pronunciamientos de Cancillería y de la
Cámara de Diputados, incluyendo la expresa solicitud de nulidad del Laudo ante
el Comité Político Especial de la ONU, 1962; como otras posturas y labores
sostenidas hasta 1999, pacíficamente relacionadas por la literatura existente,
añadido el decisivo Acuerdo de Ginebra de 1966. [2]
Interesa acentuar tres notas esenciales: la efectiva
reclamación del Esequibo coincide con un período de estabilización política e
institucional del país en el siglo XX, relativamente afectada por los cambios
de régimen, dándole una considerable continuidad y perfeccionamiento a nuestros
alegatos jurídicos. Vale decir, hay una suficiente consolidación en los campos
historiográfico y jurídico, sin que sepamos de variaciones sustanciales en uno
y en otro, excepto las de naturaleza eminentemente política de los últimos
años.
b) Dimensión humana del problema
Importante hito, a finales de 1968 y principios de 1969,
cuaja un movimiento insurreccional en la Zona del Rupununi, cruelmente
reprimido por Georgetown, con el propósito de separarse de Guyana e integrarse
a Venezuela. Apenas celebrados los comicios presidenciales en nuestro país, se
produjo una impacto polémico en torno a la posición adoptada por Caracas, cuyo
gobierno no dio todo el apoyo abierto y
expreso que algunos sectores políticos esperaban, incluidos los insurrectos; y,
a lo sumo, ceduló a los refugiados.
Transcurrido el tiempo, se diluyó el interés de la opinión
pública venezolana por la citada
insurrección y, a pesar de los esfuerzos realizados por la Academia, todavía -
de sobrevivir - no hay toda la documentación desclasificada que aclare y avale a un movimiento que aún
queda en la memoria histórica de los habitantes de la zona. Lo peor, ha
disminuido la atención respecto a sus habitantes, con expectativas de
convertirse en venezolanos y, aun formalmente, ostentando la nacionalidad,
herederos de los antiguos refugiados, no gozan del mínimo interés por nuestras
autoridades.
Irrenunciable realidad humana, agreguemos que las comunidades
indígenas de la región esequibana, soportan una calamitosa situación social,
económica y de salubridad, amén del delito organizado derivado de las
actividades mineras, entre otras. Por consiguiente, colegimos, no ha existido
una Política de Estado para la población esequibana, en contraste con la que
suscitó la reclamación territorial. [3]
c) Una clave para la
actualización del problema
El 17 de febrero de 1966, es suscrito el Acuerdo de Ginebra
entre Venezuela y Gran Bretaña, meses antes que ésta le concediera la
independencia a Guyana, obligando a las partes a buscar una solución para la
controversia. Por cierto, lo reseña la prensa de la época, la delegación
venezolana estuvo también conformada por representantes de todos los partidos,
añadidos los de una inequívoca oposición al presidente Raúl Leoni, cuyo
gobierno estaba sometido a las más variadas y fuertes tensiones internas,
sumadas a las francamente subversivas.
La suscripción del Acuerdo gozó de un apoyo difuso que no
impidió el planteamiento de las diferencias en la opinión pública y en los
debates parlamentarios, sobre ésta y - con mayor razón y fuerza - otras
materias afines. Breve digresión conceptual, la decisión adoptada, como toda la
discusión generada, nos habla de un equilibrio constitucional en el que
concursaron los actores políticos con el empleo de los recursos disponibles [4]
, irrepetible en el curso del siguiente siglo por lo que respecta a la
separación de los órganos del Poder Público y el reconocimiento cabal de la
opinión pública, así como de los grupos de interés.
Acotemos, el Acuerdo sugiere la concepción de una política
pública en el ámbito exterior, por no citar su directa o indirecta relación con
la gobernabilidad, clave para actualizar el problema esequibano. En tal
sentido, hoy pecamos de la doble perspectiva del historicismo y del
juridicismo, cultivándolos como si bastara para responder a los hechos
concretos que la dinámica política impone, necesitados de soluciones creadoras.
II.- Vicisitudes, iniciativas y diligencias del tiempo
presente
La conducta y posturas de la bancada oficialista que dominó
el parlamento nacional hasta el 10 enero 2016, autocalificada como heredera del
remoto antipuntofijismo parlamentario, aventajada por el desequilibrio de los
poderes, rechazó la más modesta inquietud y, con mayor razón, el abierto
cuestionamiento de las políticas vinculadas con la materia esequibana. Desconocida hasta la visión misma que tiene
de sí el vecino país, no sólo evadió el problema, sino que las respuestas que
intentó la bancada opositora, cuyas diligencias y preocupaciones - sospechamos
- intimida a los partidarios del régimen, les resultan
"incomprensibles".
a) Heredad antipuntofijista
De tratarse de alguna novedad histórica, debemos referirnos -
por ejemplo - a los debates parlamentarios de la década de los sesenta del
siglo XX, subrayando las posiciones asumidas por los sectores que podemos
tildar de la oposición antipuntofijista, no adscritos al pacto de 1958,
supuestos o reales predecesores del movimiento liderado en la siguiente centuria
por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Particularmente, el historiador Hernán Castillo, ilustra la
subordinación de los intereses nacionales a los partidistas por el Partido
Comunista de Venezuela "corta visión política", aquejados todos los
congresistas por la "tradicional falta de realismo de la política exterior
venezolana". Sin embargo, precisamos que, a la predominante animadversión sentida hacia
el régimen por entonces prevaleciente, se sumó una suerte de complejo: tratando
de salvaguardar las convicciones anticolonialistas, por cierto, común en los
parlamentarios de los más variados partidos, confundieron los procesos del
reclamo esequibano y de la independencia guyanesa, sobre la cual no deseaban
dejar duda alguna, impidiéndoles la consideración de otras alternativas al
problema. [5]
Circunstancia paradójica, pues, décadas más tarde, los
pretendidos herederos, ciertos o inciertos, tendrán que afrontar la materia y,
padeciendo un complejo semejante, a pesar de las serias responsabilidades de
gobierno que les compete, los integrantes de la bancada oficialista del actual
período, optan por evadir sistemáticamente su planteamiento, al igual que justifican y respaldan
inequívocamente las posiciones y gestiones presidenciales. Salvo un muy
reducido elenco que apela a voces históricamente significativas, en lo
esencial, relacionadas con el colonialismo y el imperialismo, el resto de los
diputados gubernamentales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
corean las consignas que apuntan al entreguismo, intriga y subversión
opositora, temiendo - además - concretar cualquier consideración de fondo que
pueda contradecir al Ejecutivo, incapaz de consultarlos. [6]
Problemas previsibles o sobrevenidos, suscitados durante el
período legislativo (2011-2016), no saben de un directo y oportuno tratamiento
en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, rechazadas cualesquiera
mociones de modificación del Orden del Día que procuraba hasta indirectamente
ventilarlos, aunque la oposición logró hacerlo a propósito de otros y
diferentes puntos agendados.
Excepto el único debate escenificado en el año 2015, luego
del largo monólogo del presidente Nicolás Maduro, se evidencia el desequilibrio
inconstitucional en el tratamiento de las demandas políticas que manifiesten la
preocupación o, mejor, angustia por la incompetencia manifiesta de la
Cancillería, las concesiones petroleras en aguas venezolanas del Atlántico, la
ausencia de respuestas formales e inmediatas frente al gobierno de Georgetown,
los decretos sobre la Fachada Atlántica, la delimitación de áreas pendiente con
las Antillas Menores, el fallecimiento
del Buen Oficiante y el nombramiento de un representante venezolano a tiempo
completo ante su oficina, el padecimiento social y económico de los habitantes
del territorio reclamado y sus aledaños, las condiciones de insalubridad
reinantes, la precaria situación de los
esequibanos en Venezuela, la ilegal explotación minera en la zona y otras
prácticas abiertamente delictivas, la injerencia cubana, los excesos de
Petrocaribe, el peso de la Commonwealth,
entre otras facetas y aristas, por no mencionar la dudosa posición del gobierno
de Caracas sostenida en más de década y media sobre el propio Acuerdo de
Ginebra que los guyaneses pretenden desconocer.
b) Proselitismo y realidades
Privilegiadas las relaciones bilaterales, obviando el reclamo
territorial, las visitas de Chávez Frías y Maduro Moros a la vecina Guyana ha
servido a los fines meramente proselitistas de una política exterior que, con
escaso realismo, desea aprovecharse de sus precarias condiciones sociales y
económicas, como si fuesen suficiente para enmarcarla y adscribirla a los
propósitos e iniciativas contempladas en el llamado Plan de la Patria.
Condiciones a la que se suma un particular sistema político que ha de responder
a las ya sempiternas divisiones raciales, acentuada ahora la reclamación como
causante de sus males: David Granger, mandatario guyanés, señaló ante la 36°
Cumbre del Caricom, que somos una "carga insoportable", convertida en
un "mono a la espalda". [7]
Es de suponer que el actual, como el anterior gobierno,
procura atraer las inversiones capaces de coadyuvar al desarrollo económico de
los guyaneses. Por ello, las concesiones
petroleras otorgadas en aguas del Atlántico que las intuimos como una promesa
de redención, aunque - he acá el problema - también coincidentes con las áreas
en reclamación.
Concesiones suficientemente denunciadas por la oposición
venezolana, no recibieron la debida atención del gobierno venezolano y la de su
bancada asamblearia, la cual quiso amurallar con su displicencia cualquier
perturbación complementaria a las que afrontaba o, mejor, confrontaba. Será con
la captura y posterior liberación del "Teknik Perdana" por la Armada,
que la opinión pública apunte al bloque Stabroek y al anuncio del hallazgo de
un importante yacimiento por la Exxon Mobil que condujo a la revalorización de
la reclamación esequibana, como a la
torpe ofensiva del gobierno que protestó a la transnacional en lugar de
Georgetown, pasando por alto las vicisitudes internas de un país que estrenó a
David Granger como gobernante, un
militar de carrera menos discreto que su inmediato antecesor.
c) La inevitable relevancia de un problema
Omitida o administrada por su sucesor, quien ha intentado
preservar el legado, pesa la sentencia emitida por Chávez Frías en 2004,
durante su visita guyanesa: "El Gobierno venezolano no será un obstáculo
para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea
beneficiar a los habitantes del área (…) El asunto del Esequibo será eliminado
del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos
países". [8] Grave dictamen que
ocasionó reacciones en la oposición parlamentaria de entonces, apagadas o
diluidas luego, en el marco de una aparente normalización de las
relaciones, señalando un rumbo diferente
a la política que se hizo tradicional en defensa de nuestros legítimos
intereses.
La materia quedará relegada a un plano secundario, en los
años siguientes, frente a las imperativas condiciones políticas internas y,
luego de los comicios parlamentarios de 2010, dijo abrirse una ventana para la
consideración más sobria de sus implicaciones. Por imposición de la mayoría
oficialista, el nuevo parlamento no tramitó solicitud alguna para su
consideración, indiferente ante la iniciativa de un grupo de parlamentarios
opositores que marcaron una pauta diferente al visitar la zona esequibana.
En efecto, liderado por la diputada María Corina Machado, el
grupo - integrado por otros diputados y dirigentes políticos - viajó por tierra
hasta Etherimbang. [9] E, incluso,
trabajando responsable e intensamente la materia, en los días siguientes
celebró una rueda de prensa frente a Casa Amarilla, sede de la Cancillería en
Caracas, en demanda del nombramiento de un representante a tiempo completo por
ante la Oficina del Buen Oficiante, e introdujo un Proyecto de Ley para la
Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica que jamás ha considerado la
plenaria de la Asamblea Nacional.
III.- Trámite parlamentario
Hay suficientes testimonios de los esfuerzos realizados por
la bancada opositora, como del tratamiento dispensado por el oficialismo ante
el problema esequibano. Éste,
renunciando a las misiones y funciones esenciales de la Asamblea Nacional, no
impide la aparición y multiplicación de nuevos problemas con Guyana, evitando
que prosperen soluciones alternas.
a) La insuficiencia de un libreto
Todavía impactada la opinión pública por el anuncio de la
Exxon Mobil y la captura del "Teknik Perdana", al igual que por las
declaraciones impertinentes del presidente guyanés, la mayoría oficialista no
permitió discusión alguna de los problemas, aunque no pudo evitar que, a
propósito de los planteamientos de una
distinta naturaleza, se colaran en el hemiciclo. El día 07/04/2015, resulta
expresamente negado el debate sobre el Esequibo; el 09/06/15, más de treinta
diputados de la oposición infructuosamente exigen por escrito hablar en el seno
de la Comisión Permanente de Política Exterior respecto al tema; el 16/06/15, al plantear un proyecto de
acuerdo en solidaridad con la reclamación argentina de Las Malvinas, al diputado ponente y militante del PSUV, le
fue inevitable la alusión esequibana; el 06/07/15, diferido varias veces el
compromiso, el presidente Nicolás Maduro acudió a la Asamblea Nacional para un
largo monólogo. Y, por fin, el 16/07/15, la plenaria asume la discusión de un
asunto tan insólitamente postergado.
Desaparecido el enlace de las redes que remitió a la
transcripción no revisada de las intervenciones, digamos que los voceros de
ambas bancadas enfatizaron, amén de los antecedentes históricos del asunto, por
un lado, los innumerables problemas que comprometen las relaciones
venezolano-guyanesas, las diligencias pendientes en el ámbito internacional y
algunas propuestas concretas; y, por el otro, denunciaron la manipulación
imperialista y conspirativa del caso, cuestionaron la conducta del gobierno de
Georgetown, relacionaron las acciones de la Cancillería, concluyendo en el
afianzamiento de la Comisión Presidencial para los Asuntos Fronterizos. Citemos, los voceros del PSUV y PCV,
esgrimieron un folleto o libreto previamente distribuido entre ellos, con la
versión presidencial del problema. [10]
En la bancada opositora, al exigir una Política de Estado ,
también surgieron tres propuestas concretas, ratificando el Proyecto de Ley
para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica, e impulsando el de
creación del estado Esequivo (sic) y el de la ampliación del Consejo de Defensa
de la Nación. Previendo cualquier escaramuza de sabotaje o bloqueo, los
diputados proponentes del Proyecto de Ley Especial del estado Esequivo, lo
consignaron por secretaría minutos después de iniciada la sesión, difiriendo la
presentación del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación.
b) Proyectos normativos
El Proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada
Atlántica, consignado a finales de 2013, por un grupo de diputados encabezados
por María Corina Machado, fundado en el artículo 10 de la Constitución, tiene
por objeto la "adopción de normas y medidas amparadas por el Derecho
Internacional Público y el Derecho Interno" para la defensa y desarrollo
del área comprendida por el estado Sucre, el estado Delta Amacuro y el
territorio ubicado al oeste del Río Esequibo, añadidos los espacios terrestres
e insulares, aéreo y aeroespacial, marinos y submarinos. Establece las medidas
específicas para la salvaguarda de la fachada, el fortalecimiento de la
soberanía y reclamo territorial, nacionalidad, desarrollo integral, la
adscripción y autoridades competentes.
El Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación, versa sobre una modificación puntual del articulado,
relacionada con la ampliación del Consejo de Defensa de la Nación. Demasiado
evidente, la oposición al gobierno nacional, debidamente representada en la
Asamblea Nacional, no tiene ocasión de
participar en tan elevada instancia, a pesar de las habituales y gravísimas circunstancias que invoca el
Ejecutivo Nacional.
El Proyecto de Ley Especial del estado Esequivo, tiene por
objeto el de crear la entidad federal partiendo del municipio Sifontes del
estado Bolívar, integrándole el territorio esequibano, estableciendo el Poder
Público Estadal, el Poder de Control de Gestión y la Representación Parlamentaria Nacional.
Redactado por el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta, fue impulsado por
los diputados Andrés Velásquez, Freddy Marcano, Américo de Grazzia, José Manuel
González, Juan Pablo García, Omar González, Leomagno Flores y quien suscribe.
c) Docilidad y servilismo de un parlamento
Es obvio el control ejercido por el gobierno sobre la
Asamblea Nacional hasta enero de 2016, reprimió la abierta y libre discusión de
los problemas del país. E, incluso, las comisiones permanentes, como las de
Política Exterior, Política Interior y Defensa, competentes para abordar la
reclamación del Esequibo, tampoco ejercieron cabalmente sus funciones en
cumplimiento de una directriz política. Por ejemplo, resultó hasta impensable
que la Canciller o cualesquiera funcionarios relacionados, fuesen interpelados
en cámara plena o en las comisiones de trabajo.
A pesar de los obstáculos, añadidas la censura y el bloque
informativo, la oposición, o un sector de la oposición, insistió e insiste en
sus acciones y planteamientos. Ciudadanos de buena voluntad, especialistas o
no, han contribuido a tamaño esfuerzo.
Lamentablemente, el Diario de Debates de la Asamblea Nacional
no se publica desde principios de siglo, ni siquiera en el portal web inundado
por una propaganda tan sectaria, como superflua. Ojalá la nueva Asamblea
Nacional adopte las medidas correspondientes para la publicación convencional o
no de los debates del presente período, a sabiendas que es difícil documentar
todas las actuaciones asamblearias a través de las redes digitales en continuo
cambio noticioso.
IV.- Ley Especial del estado Esequivo (sic)
Iniciativa concreta, el Proyecto de Ley intenta aportar a la
existencia y reordenamiento de una Política de Estado , fronteras adentro, que
coadyuve al esfuerzo necesario de realizar fronteras afuera. Hasta la fecha, no
ha entrado en el circuito administrativo de la Asamblea Nacional.
a) Proyecto
Propuesta que debe someterse a la más amplia discusión, es
necesario crear una entidad federal a la que pueda integrársele - más que
anexarse - en un futuro, el Territorio Esequivo (sic), por todas las ventajas
que supone la cooperación con el Poder Público Nacional para la atención y
solución ordenada de sus problemas, además de reforzar el alegato de
inejecutabilidad de un hipotético fallo internacional adverso a nuestros
derechos. Se ha dicho que los estados Sucre y Delta Amacuro pudieran cumplir
mejor el papel, pero - apartando el que ya desempeñan por su ubicación hacia el
Atlántico - luce mejor alternativa otro, distinto al inmenso estado Bolívar,
localizado hacia el sur que pueda asumir los retos de una región que espera
reivindicar todavía los más elementales derechos humanos, añadida la seguridad
personal y calidad de vida, cuyas riquezas naturales saben de una explotación
frecuentemente delictiva.
Puntualicemos que no hay obstáculo jurídico alguno para
elevar a un municipio o territorio a la condición de estado, pareciendo el más
adecuado el municipio Sifontes del estado Bolívar al que se incorporará, cuando
sea materialmente posible, el Territorio Esequivo (sic) en clara atención al
principio consagrado por todas las constituciones republicanas ( uti possidetis
iuris ). Asimismo, hay un doble elemento simbólico, pues, por una parte, el
cambio de "Esequibo" a "Esequivo", constituye un tributo a
Juan de Esquivel, cuyo apellido originó el nombre del río y el de toda una
extensa región; y, por otra, Domingo Antonio Sifontes fue un exitoso defensor
militar del lugar, frente al poderoso invasor, a finales el siglo XIX, que no
merece el olvido.
El Proyecto de Ley Especial del Esequivo (sic), fue
consignado en la Secretaría de la Asamblea Nacional, en fecha 16/07/2015, y hasta la fecha no ha sido incorporado al
sistema automatizado de acuerdo al artículo 103 del Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional. Previendo tan precario estatus, los diputados
proponentes remitieron sendas copias al Presidente de la República y al
Presidente de la Asamblea Nacional, como a los presidentes de las comisiones
permanentes de Política Exterior, Política Interior y Defensa de la Asamblea
Nacional, al igual que a los Ministros del Poder Popular para las Relaciones
Exteriores y de Defensa, como a los comandantes generales de los distintos
componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
b) Sifontes
Ascender legalmente a la estadidad al hoy municipio Sinfontes
del estado Bolívar, supone el desarrollo de una faceta de la reclamación
del Esequivo (sic) como Política de
Estado, orientada inicialmente al reordenamiento de los extensos y
problematizados espacios que el Poder
Central no logra atender siquiera en los términos más elementales. Espacios que
naturalmente forman parte del más amplio ámbito esequivano (sic), cuyos
habitantes padecen las consecuencias de la precariedad económica, la
insalubridad, el atraso y la criminalidad.
Setenta mil habitantes que hablan español, pemón y portugués,
con elevadísimos casos de paludismo respecto a toda América Latina, entre otras
enfermedades endémicas, (sobre) viven de las actividades agrícolas y pecuarias,
como de la minería (i) legal. No se trata únicamente de solventar una
deplorable situación que experimentan otras localidades del país, sino de
inscribir y abrir la zona en una estrategia de irradiación del desarrollo
político, económico, social y cultural que coadyuve a la definitiva y pacífica
integración de todo el Esequivo (sic) a nuestra vida republicana.
El reordenamiento político-territorial propuesto, ha de
orientarse en los términos de lo que
constitucionalmente se entiende como
federalismo descentralizado, actualizando y respondiendo asimismo a un innegable problema de carácter
geopolítico y geoestratégico. Sugiere inaugurar una experiencia de
gobernabilidad y gobernanza que, ahora, desconoce la región.
c) Afirmación trascendente
La iniciativa legislativa puede explicarse a través de la
denominada tesis de la afirmación trascendente que, conforme al trabajo
realizado por un equipo adscrito al Instituto de Geografía y Desarrollo
Regional (Universidad Central de Venezuela), entre 1979-1988, dirigido por
Isabel Sequera Tamayo, aconseja la canalización de recursos y acciones para la
ocupación y desarrollo de los espacios conlindantes con el Esequibo. [11] Por
supuesto, tratamos de un aspecto contrario a la asunción del problema, en los
últimos años, como exclusivo a las diligencias burocráticas de la Cancillería.
La materia anuncia otras facetas pendientes, como la de las
vías fluviales, el puerto de aguas profundas en la Boca del Orinoco, la salida
hacia la fachada atlántica, la
delimitación pendiente de áreas marinas y submarinas con las Antillas Menores
(eficazmente resuelta con el resto de El Caribe entre las décadas de los
ochenta y noventa del XX), las proyecciones marítimas de los estados Sucre y
Delta Amacuro, entre otras. Sin embargo, área vital, recordemos la importancia
no sólo del Complejo Hidroeléctrico de El Guri o la de la Faja Petrolifera del
Orinoco, sino la de los habitantes hacia el sur del país, sumados más de quince
mil indígenas que aspiran de nuestro
auxilio (akawaios, makushis, wapishanas, patamonas, waiwais, lokonas, kariñas).
La estadidad de Sifontes que será la de todo el Esequivo
(sic), la propiciará mejor un cambio de modelo económico y estrategia en
Venezuela, como contexto. Empero, es factible económicamente el reordenamiento
político-territorial de garantizarle, como entidad federal, los ingresos que
ordena el artículo 167 de la Constitución de 1999.
V.- Política de Estado
La política exterior venezolana urge de una mínima y
convincente institucionalidad interna para su formulación y control, derivando
en una específica Política de Estado para la histórica reclamación del
Territorio Esequibo. Supone la consideración de una materia ahora confusa como
espinosa, como la de seguridad y defensa de la nación al igual que,
reivindicado el Acuerdo de Ginebra, la disposición hacia fórmulas justas y
pacíficas de solución de la controversia.
a) Palpable y sonante
En los últimos años, se ha evidenciado un debilitamiento del
interés y la continuidad de esfuerzos respecto al reclamo esequibano, debido a
los específicos objetivos del régimen prevaleciente en Venezuela que ha generado
preocupación, angustia y descontento en los sectores más avisados. Y esto, no
por la tardanza de una solución definitiva, rápida y contundente, sino por el
tratamiento mismo que el gobierno le ha dispensado, remitiéndonos a la deficiente o inexistente institucionalidad
interna de la política exterior, presumiéndola bajo el exclusivísimo privilegio
del Presidente de la República, susceptible de explicarse hasta por sus
características personales. [12]
Subestimando la histórica reclamación y asimilándola a la
banalidad de las consignas, los gobiernos de Chávez Frías y Maduro Moros
hicieron de una alianza continental el objetivo prioritario, procurando atraer
a los países que integran la Commonwealth, entre ellos Guyana, por ejemplo;
desoyeron las opiniones, observaciones y exigencias de los especialistas e,
incluso, activistas - esequibanos o no - caracterizados por el seguimiento
tenaz del problema; y, por supuesto, desestimaron los planteamientos de los
parlamentarios de la oposición que lograron una relativa articulación de las
demandas. Por ello, éstos, reivindican
la necesidad de una Política de Estado, con la responsabilidad, la sobriedad y
la participación que, al presumir el sentido patriótico de todos los actores,
lleve a un mínimo de consenso o concertación, señalado por Easton como una
premisa ética.
De un modo u otro, tímida o decidida, hubo una Política de
Estado respecto a la controversia esequibana, palpable - bajo la Constitución
de 1961 - en los encendidos debates de la opinión pública y del viejo Congreso
de la República, bajo circunstancias políticas como las de la subversión, la
austeridad económica o la crisis de las alianzas gubernamentales. No la hay, sonante - bajo la Constitución de
1999 - en el ambiente de persecución, censura y bloqueo informativo, como el
provocado por la docilidad y subordinación de la Asamblea Nacional que estuvo
bajo la férula del gobierno, al amparo de la mayor concentración de poder y de
los más elevados ingresos petroleros en todo nuestro historial republicano.
b) Seguridad y defensa
Quienes sostenemos que el régimen, modelo y estrategia
actualmente prevaleciente encamina a la quiebra de Venezuela en todos sus
niveles, advertimos asimismo del peligro que representa para la afectación y
pérdida de su integridad territorial y autodeterminación nacional, derechos
irrenunciables de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de 1999.
Adquirido un insólito valor de presunción, la división efectiva de los órganos
del Poder Público la que remite a un sistema de pesos y contrapesos que atajen
el problema, se traduce - parafraseando a Easton - en un desequilibro
patentemente inconstitucional, bajo el dominio absoluto del Ejecutivo Nacional
que muy bien ilustra la reclamación del Esequibo, fallando la debida retroalimentación
con la adicional carga - expresa y tácita - de tensiones y agravamientos.
La nuestra no parte de una simple visión apocalíptica de la
materia, sino de la constatación de una realidad que habla del nada
complementario enfoque de los decisores públicos, palpablemente
desarticulados, siendo omnímoda la
jefatura de la política exterior que coincide con el ejercicio de la jefatura
de la institución castrense, confundida - en definitiva - la del gobierno con
la del Estado, con dos severas implicaciones. Inexistente, nula o
insignificante la debida retroalimentación, por una parte, hace nugatorio el
principio de corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil en el ámbito de
la seguridad y defensa, establecido en el artículo 326 constitucional; y, por
otra, como lo ha advertido el historiador Luis Alberto Buttó, solemos confundir
las propias nociones de seguridad y defensa, o - peor - los civiles con
responsabilidades de poder, por el deficiente conocimiento y manejo, sean
capaces de incurrir en "errores garrafales a la hora de diseñar y poner en
práctica políticas relacionadas con el sector defensa". [13]
Entre mayo y junio de 2015, levantando una justificada
polémica, fue decretada la creación de las Zonas de Defensa Integral Marítimas
e Insulares (Zodimain), a objeto de cubrir el espacio acuático jurisdiccional
de la República, una de ellas correspondiente a la fachada atlántica, cuyo mapa
hubo de corregirse otro decreto presidencial. En su largo monólogo, aireados
temas aún ajenos al motivo de una obligada, inevitable y tardía comparecencia,
debido a la presión de las circunstancias, Nicolás Maduro acudió a la Asamblea
Nacional y ventiló públicamente el error y las correcciones realizadas, en un
batiburrillo - con el cual se identificó el principal partido de gobierno -
que, es lo aconsejable, debió concebirse como un mensaje lacónico, preciso y
convincente que conjurara cualquier riesgo de interpretación. [14] Y, necesaria acotación, convierte al régimen
mismo, en una vulnerabilidad en términos de seguridad y defensa, por no citar
un caso concreto: otrora transnacional acreditada y eficiente, hoy PDVSA no
puede acometer siquiera los trabajos de exploración realizados por la Exxon
Mobil en la fachada atlántica.
c) Reafirmación de un acuerdo
Entonces, la reclamación de Esequibo amerita de una Política
de Estado y la consiguiente institucionalidad interna para realizar la política
exterior venezolana, sin incurrir en la ya acostumbrada banalización de los más
importantes problemas que nos aquejan, ofreciendo opciones reales y creadoras,
discutidas y expuestas por los actores políticos, evaluadas y adelantadas por
los decisores públicos sujetos al legítimo control. A veces, tenemos la impresión
que se plantea como novedad, la explotación conjunta de la zona por
Venezuela y Guyana, o el propio historial de la reclamación, cuando - la una -
fue sugerida desde el primer momento en la Comisión Mixta derivada del Acuerdo
de Ginebra, con la variación de fórmulas en los años siguientes, gracias a los
líderes de opinión, y - la otra - da ocasión a una repetición incansable, con
una soporífera redundancia de los argumentos jurídicos que, como puede verse en
la exposición de Maduro Moros en la Asamblea Nacional, tampoco tiene
justificación pedagógica alguna para un ex - canciller que todavía confunde
laudo y tratado, marcando un retroceso en el tratamiento del tema.
La conducta asumida por el gobierno guyanés, comprensible en
pocos aspectos y, en muchos, irresponsables, puede traducirse en la pérdida de
una gran oportunidad para el vecino país de alcanzar la modernización
socio-económica, al acodar el desarrollo junto a Venezuela de la región,
reconocida previamente nuestra titularidad. Asombra los niveles de precariedad
y las contradicciones sociales que, en este lado del mundo, no las exhibimos
con una gravedad alarmante - fundamentalmente - gracias a la renta petrolera,
la que se asoma como promesa e ilusión del otro lado.
La vigencia del Acuerdo de Ginebra no está en discusión,
fórmula indispensable para la misma Guyana que hoy, vacilante, desea retrotraer
el problema a etapas que les resultarían a la postre contraproducentes, aunque
despuntan escenarios que suscitaron coincidencias y discrepancias entre los
venezolanos. [15] El ejercicio de sensatez e imaginación que demandamos para
afrontar el problema, debidamente articulado el proceso de toma de decisión,
tiene - hoy - por premisas, entre otras,
la reafirmación del Acuerdo, el nombramiento de un represente a tiempo
completo ante la Oficina del Buen Oficiante, la reivindicación de instancias de
asesoría especializada y plural a nivel del Ejecutivo y del Legislativo,
patrullaje constante de la Fachada Atlántica amparado por una ley que lo
contextualice adecuadamente, decreto de la plataforma del estado Delta Amacuro,
creación del estado Esequivo (sic), normalización de las relaciones
bilaterales, reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil
interesadas en el problema.
Caracas, 16/02/2016
Notas
[1] Easton, apunta al
desempeño funcional de los partidos,
grupos de interés y líderes de opinión para la (re) composición de las
demandas, cuya síntesis y homegeneidad sean capaces de convertirlas en un
"programa viable y simplificado de acción" y, procure,
simultáneamente, ampliar las bases de sustentación, a objeto de competir con
otras, en el marco de los más agudos e inmediatos problemas. Vid. David Easton, Esquema para el
análisis político , Amorrurtu, Buenos Aires: 1965, p. 169.- Respecto al citado foro y otras reseñas
relacionadas, pueden colocarse las voces "Esequibo" y
"Esequivo" en el buscador de lbarragan.blogspot.com, incluyendo los
Proyectos de Leyes para la Defensa de la Fachada Atlántica, la Especial del
Estado Esequivo y la de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación.
[2] Para una relación actualizada del diferendo hasta
nuestros días, vid. Manuel Donís, Bases históricas de la controversia entre
Venezuela y Guyana sobre el Territorio
Esequibo . Separata revista Montalbán, Caracas: Universidad Católica Andrés
Bello, 2015.
[3] Vid. Guillermo Guzmán Mirabal, Del Acuerdo de Ginebra a
la Rebelión del Rupununi. Tres años del proceso de recuperación de la Guayana Esequiba (1966-1969), Trabajo de
Grado de Maestría en Historia de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas, 2011, disponible aquí . Para un testimonio personal, cfr. Carlos E.
Aguilera A., "A propósito de Guyana: La insurrección del Rupununi",
El Nacional , Caracas 22/09/2015,
Caracas, disponible aquí ; y, en
relación a las comunidades indígenas, Carlos Díaz, "Entrevista a Ronny
Velásquez", La Razón , 22/07/2015, Caracas, disponible aquí .
[4] Un sistema debidamente retroalimentado, orientado a su
auto-transformación creadora, también habilita a sus actores para
"regular, controlar, dirigir, modificar e innovar" los elementos y
procesos correspondientes. Vid. David Easton, op. cit ., p. 182.- La búsqueda y posibilidad para un equilibrio
- además - constitucional, deriva del poder distribuido "en un grado
aproximado de igualdad (…) y sólo en ese estado del sistema puede prevalecer la
libertad política", aunque esa distribución no ha de ser equitativa,
provocando restricciones, sino que debe
expresar la "tendencia de los elementos del sistema que interactúan a
establecer algún tipo de ajuste". Supone una tácita premisa ética: la del
compromiso o avenencia, concesiones recíprocas, frenos mutuos, propios de la
democracia. Vid. David Easton,
"Política moderna. Un estudio sobre la situación de la ciencia
política", Letras , México, 1968, pp. 292-305 ss. Cfr. David Easton,
"Categorías para el análisis sistémico de la política", en: Enfoques
sobre teoría política , Amorrurtu, Buenos Aires: 1973, pp. 216-231; y, para una
ubicación de la obra de Easton en el contexto politológico, Gabriel A. Almond,
Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las ciencias políticas ,
México: Fondo de Cultura Económica, 1990, pp. 117-177.
[5] Por cierto, el autor reivindica el escepticismo que
produjo el Acuerdo de Ginebra entre otros parlamentarios de distinta afiliación
política, quienes preguntaron sobre las consecuencias del agotamiento del lapso
para que las partes concierten o de la denuncia misma del tratado por los
guyaneses. Vid. Hernán Castillo, "El Congreso de la República y los
problemas de seguridad y defensa en política exterior, 1959-1969", en:
Problemas militares venezolanos. FANB y democracia en los inicios del siglo XXI
, Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Universidad Católica
Andrés Bello, 2009, pp. 29-64.- Entre
algunas de las constantes de la oposición antipuntofijista, en el citado
período, a guisa de ilustración,
anotamos - por una parte - la
celosa defensa de las posturas anticolonialistas y de respaldo a la
independencia guyanesa, acusada de entreguista la cancillería, objeto de
suspicacias, como lo indicó el diputado
Raúl Lugo (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). "Quizás a algunos
Diputados del Gobierno les parezca
incómodo que nosotros tengamos que decirles que es muy raro, muy sospechoso que
se escoja este momento para hacer revivir el proceso de la reclamación de
límites de Venezuela", en Diario de Debates de la Cámara de Diputados de
la República de Venezuela , Caracas, N° 10 del 02/04/1962). O el intento - por otra parte - de asumir que
"la lucha por la independencia en la Guayana Británica corre paralela con
la lucha de Venezuela por el rescate de la Guayana Esequiba, dentro del
concepto integral de lograr al final la independencia total, en lo económico y
en lo político, de la América Latina", señalado por el diputado José
Herrera Oropeza. Éste agrega que el "problema de la Guayana Esequiba no
debe convertirse en escudo para ocultar la realidad del drama nacional, para
ocultar la necesidad profunda de encontrar caminos para la solución de la
crisis venezolana", en Diario de Debates de la Cámara de Diputados de la
República de Venezuela , Caracas, N° 10 del 13/10/1965).
[6] El vigente Reglamento Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional (2010), autoriza a la junta directiva para el exclusivo
relacionamiento formal con el Ejecutivo,
cuyos integrantes no tienen la obligación de responder a requerimiento
alguno de los parlamentarios, sin la expresa autorización directiva. Suele ocurrir, se enteran por la prensa de
las diferentes iniciativas gubernamentales. Por lo demás, aunque
sustancialmente coincidan en las orientaciones, al comparar los discursos de la
bancada afín de la década de los sesenta del siglo XX, con los de la actual
bancada del XXI, por lo menos, en una existió un mejor despliegue argumental,
mientras que, en la otra, se evidencia una grosera simplificación que repite
las consignas en boga. Fenómeno éste que, al permitir la evasión, manifiesta
otro ya generalizado, como el de una deliberada confusión que ayude a banalizar
los temas. Precursoramente observó Lozada: "Las consignas actuales
constituyen una sucesión de agregados, cualquier evento carece de
consecuencias, está abierto a todas las interpretaciones posibles, imputaciones
múltiples y aleatorias". Vid. Mireya Lozada, "¿Discurso político o
ideología light?" , en: El discurso político venezolano. Un estudio
múltiple , Caracas: Fondo editorial Tropykos, 1999, p. 76.
[7] Vid. "Nota de prensa", en El Universal ,
Caracas, 02/07/2015 disponible aquí .-
Luce necesaria una actualización de los estudios que particularicen a Guyana,
cuya vida interna y política internacional, caracterizando al régimen político,
fue de un natural interés por nuestros servicios de inteligencia y por la
academia. Cfr. Guillermo Guzmán Mirabal, op. cit ., p. 55 ss.; Andrés Serbin,
Nacionalismo, etnicidad y política en la República Cooperativa de Guyana ,
Caracas: (Editorial Bruguera, 1980; y Sadio Garavini di Turno, Política
exterior de Guyana, Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1988.
[8] Theis, Reyes, "Chávez dio el giro a la política
venezolana sobre el Esequibo", El Universal , Caracas, 10/09/2013, disponible aquí .
[9] Theis, Reyes, "Diputados realizaron un inédito acto
de soberanía", El Universal , Caracas, 12/11/2013, disponible aquí. El periodista, también parte
de la expedición, suscribió otros reportajes afines.
[10] Presidencia de la República, La verdad sobre el Esequibo
, [citado el 14 de febrero 2016] disponible en http://www.presidencia.gob.ve/Site/Doc/pdf/La_Verdad_del_Esequibo.pdf
[11] Vid. Isabel Sequera Tamayo, et al . Guayana Esequiba,
espacio geopolítico , Caracas: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1992.
[12] Cierto, el Presidente de la República dirige la política
exterior, pero no menos lo es que, como política pública, está sujeta al
control parlamentario de acuerdo al ordinal 3° del artículo 187 de la
Constitución vigente, entre otros controles. Desde una perspectiva sistémica,
en un texto ya clásico, Josko de Guerón asentaba: "Para comenzar a
comprender la actuación del Congreso no basta conocer sus atribuciones
constitucionales: es preciso examinar los insumos que éste recibe y, en
especial, las demandas o incitaciones para que el Poder Legislativo actúe o
deje de actuar, de determinada manera frente a problemas de las relaciones
internacionales". Vid. Eva Josko de Guerón, (1978) "El Congreso y la
política exterior en Venezuela", en: Politeia , N° 7, 1978, Caracas; Cfr. María J. Roca, (1999) "El control
parlamentario y constitucional del poder exterior", en: Revista Española
de Derecho Constitucional , N° 56, Madrid. Por consiguiente,
constitucionalmente competentes, los diputados oficialistas y, con mayor razón,
los opositores, agregadores y procesadores de demandas, legitimándolas y
canalizándolas, institucionalizan el concurso de los sectores interesados en la
materia, como el académico, el gremial, el de opinión pública, y el resto de la
sociedad civil organizada que defienda fines específicos. Algo difícil desde el
paradójico subterfugio de la "diplomacia de los pueblos" que, al
restarle valor a la participación organizada desde su más elemental
formulación, cree inexpugnable a todo evento la jefatura de la política
exterior. Además, Nicolás Maduro carece del "carisma y capacidad de
improvisación creativa del líder que ya no está" y, respecto a iniciativas
como Petrocaribe, siendo Guyana uno de los beneficiarios del programa de
solidaridad energética, al agotamiento de los recursos se suma - inferimos -
una lamentable incompetencia para aplicar el "esquema de
subimperialismo". Al respecto, vid. Félix G. Arellano P., (2013)
"Política exterior bolivariana: un legado de contradicciones", en:
Simón Bolívar Analytic , N° 28, Sartenejas.
[13] Vid. Luis Alberto Buttó, Civiles y militares. Manual
indispensable , Caracas: Negro Sobre Blanco, 2015, p. 108. Apuntemos, el trabajo de Guzmán Mirabal, ya
citado, ejemplifica un interesante proceso para la toma de decisiones respecto
a la zona esequibana.
[14] "La verdad sobre el Esequibo", [citado el 14
de febrero 2016] disponible aquí
[15] A los efectos de las presentes notas, aceptamos lo dicho
por Easton: "… Hablar de la vida política como un proceso constante de
desequilibrio sugiere de hecho que lo estamos comparando con una condición
hipotética de equilibrio". Vid
Política moderna , p. 292. Así,
nuestra condición hipotética, como hemos visto, apunta a los viejos debates del
Congreso de la República y de la libre prensa.- Tenemos que la polémica que
despertó - a favor y en contra - la
suscripción del Acuerdo de Ginebra en 1966,
lo ilustra muy bien, los Diarios de Debates y los periódicos y
magazines, como - décadas después - el
ciclo de conferencias que promovió la Academia Nacional de la Historia y -
editándola - la de Ciencias Políticas y
Sociales, con el concurso de varios ex - cancilleres. Vid. Tomás Enrique
Carrillo Batalla, La reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba ,
Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2008. Por cierto, Saythenton Sawh, embajador de
Guyana en Venezuela, a mediados de la década de los noventa del siglo XX,
recordó el Acuerdo de Ginebra como una apertura insustituible para el diálogo,
aunque observó según la versión periodística: "Sawh manifestó también su
percepción de que la dirigencia venezolana no está pendiente de la controversia
sobre el Esequibo. Explicó que con el fin de la Guerra Fría muchos países han
cambiado y no hay bloques. Esto implica que Venezuela y Guyana no tienen los
mismos enfrentamientos del pasado, sino más bien tienen más en común".
Vid. Josefina Blanco, "Reportaje", El Nacional , Caracas 18 de
febrero de 1976. Ahora bien, por una parte, para las dudas que produjo la
citada suscripción, de acuerdo al sondeo periodístico de Néstor Mora, lucía natural que, por ejemplo, el senador
Edecio La Riva Araujo pidiese la
interpelación del Canciller ( El Nacional , Caracas, 20 y 23 de febrero de
1966); y, por otra, en una rápida verificación, teniendo por muestra las ediciones
correspondientes al 18 o 19 de febrero de cada año, las ediciones de El
Nacional entre 1976 y 2006, revelan el
progresivo desinterés por el Acuerdo, gracias al impacto de otras noticias
VENEZUELA: Esequib(v)o: enunciados para una discusión
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